Nuevo año: ¿Nuevas tasas municipales e incrementos?
ESPECIAL PARA MUNICIPIOS DE ARGENTINA

Nuevo año: ¿Nuevas tasas municipales e incrementos?

La pandemia del Covid19 y las medidas adoptadas tanto para mitigar sus efectos, como para cubrir el déficit sanitario histórico de las últimas décadas, han agravado la situación.

 Por Orlando Daniel Pulvirenti - Especial para Municipios de Argentina

Seguramente al momento de leer el presente, el lector ya haya percibido en la boleta que paga por servicios públicos municipales, incrementos de cierta importancia. Y en muchos casos, sin que hayan mediado muchos anuncios que le anticiparan este cuadro de situación; más allá de que como habitantes de este suelo, sabemos que la inflación golpea también en las cuentas del Estado y dista usualmente de ser una sopresa, aunque ello no le reste malestar a los alicaídos bolsillos. Pero esta situación también advierte sobre otro aspecto poco transitado. Se habla permanentemente en los medios nacionales del impacto de los impuestos establecidos por el Congreso de la Nación; se discute la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el efecto de su decisión de alcanzar con Ingresos Brutos sujetos no gravados con anterioridad o incrementando las alícuotas; en menor grado se hace alguna referencia a lo que ocurre en algunas Provincias, pero: ¿Qué sucede en los Municipios? Por cierto el lector sabe que en el marco de este breve artículo no se puede alcanzar con exactitud lo que ocurre en los más de 2300 municipios que tiene el País, pero sí al menos, reflejar el panorama existente.

El primer dato a considerar, es que de la misma manera que las cuentas públicas de la Nación y las Provincias presentan una realidad económica y financiera acuciante, agravada por años de caída del PBI y de la actividad, ello también impacta en la mayor parte de las Municipalidades argentinas. La pandemia del Covid19 y las medidas adoptadas tanto para mitigar sus efectos, como para cubrir el déficit sanitario histórico de las últimas décadas, han agravado esa situación. En consecuencia, tenemos al Estado en su conjunto, intentando obtener mayores ingresos en una dinámica de sostenimiento e incremento de sus erogaciones, y ello se traslada en un incremento de la presión tributaria.

Como contra cara tenemos que el contribuyente, más allá de la organización federal, es el mismo destinatario de todas las contribuciones, las Nacionales, las provinciales o de la CABA, y además la del Municipio. También como el resto de la economía ha sido afectado, más allá de que como suele ocurrir en una crisis, algunos sectores puedan resultar beneficiados por el cambio de circunstancias.

En ese contexto tan dinámico y particular, todas las jurisdicciones proyectan conforme al marco jurídico vigente, sus presupuestos y consecuentemente leyes y ordenanzas impositivas para el ejercicio 2021. Con suerte, gran parte de las Municipalidades, además publican tales disposiciones. Esta última referencia, por cierto no es casual, a pesar de la obligatoriedad legal de hacer conocer sus normas para darle eficacia, aún muchas localidades convierten en una tarea complicada poder saber el contenido de sus textos. Pero no me detendré en este punto, sino en el que resulta de cotejar los nuevos instrumentos legales, e intentar desandar qué arrojan para este nuevo período fiscal.

Por comenzar, no es una novedad que en la mayor parte de las Municipalidades se observa una combinación de incrementos, que en términos generales acompaña al índice inflacionario y aún que respecto de algunas tasas habilitan a los Departamentos Ejecutivos a disponer de determinados aumentos durante el año fijándose topes, o prevean modificaciones a la alza, en distintos períodos durante el ejercicio. De más está decir, que en vano será manifestar por parte de los contribuyentes o que sus salarios o sus remuneraciones no acompañaron tales variaciones de precios. De hecho, el informe de lo recaudado por la AFIP en 2020 a guisa de ejemplo, sirve para ilustrar que lo recaudado supera a valores nominales actualizados, lo logrado respecto del año 2019.

Pero es más interesante; sin embargo, detenerse en la eventualidad de aparición de nuevas tasas o de algunas que estando previstas hace unos años, comienzan a ser desandadas por varias Intendencias con vistas a su aplicación efectiva.

En este último sentido no puedo dejar de mencionar a la tasa que grava el incremento de la propiedad mediante el mecanismo de la plusvalía, y que para el caso particular de la Provincia de Buenos Aires, ya establece la Ley 14.449 (de habitat) desde el año 2015. En algún punto vinculada a las típicas contribuciones por mejoras, en los que resultan más beneficiados por una obra pública pagan un porcentual más alto que el resto de los vecinos; esta gabela, supone que si se produce un incremento en la valuación de un bien inmueble como consecuencia de un cambio normativo o de alguna decisión municipal, en la que el propietario resulta tener una ventaja adicional en cuyo desarrollo no incidió, deba abonar un porcentaje por ello. El caso más relevante, sin dudas es el de los emprendimientos inmobiliarios privados, en los que se produce un aumento del valor del terreno simplemente por el cambio de nomenclador urbano, modificaciones en la zonificaciones y coeficientes de ocupación; pero también puede alcanzar parques industriales, zonas comerciales, o simplemente propiedades en las que se modifican el FOT o el FOS.

La Provincia de Buenos Aires en la Ley mencionada antes, expresamente contempló ese supuesto y conforme a su organización tributaria, habilitó a las Municipalidades a establecer ese impuesto que oscila entre el 10% y el límite autorizado en fallos de la CSJN para estimar que un gravamen es confiscatorio (33% del valor del bien). Hasta la fecha, salvo contadas excepciones, tal el caso reciente de Escobar, pocas Municipalidades habían previsto su cobro. La invitación realizada desde el área de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a regular la tasa y hacerla efectiva, hace presumir que varias Municipalidades particularmente del Cono Urbano Bonaerense receptores de barrios privados, seguirán ese derrotero.

Por su parte, en aquellos municipios que cuentan con parques industriales, también se han establecido durante la cuarentena algunas medidas para gravar u obtener recursos adicionales; en ello tal vez el caso más significativo, por la importancia del desarrollo y de las empresas allí instaladas, ha sido la Municipalidad de Pilar, que ha decidido comenzar el ejercicio 2021 con una nueva gabela sobre las numerosas industrias que allí se ubican.

Envueltas en polémicas y con algunas declaraciones de inconstitucionalidad, varias Municipalidades receptoras de turismo, han decidido establecer pequeñas tasas sobre la ocupación hotelera. Por cierto, es un tributo que se percibe en el Mundo en distintas localidades con gran afluencia de turistas, pero que en la Argentina aparece como un problema, al no saberse exactamente qué servicio brinda como contra prestación el Municipio si aparece conceptualizada como una tasa. De hecho la confirmación jurisprudencial ha sido oscilante.

Por otro lado, algunas Municipalidades han decidido estar atentas al gran cambio que el 2020 produjo al multiplicar los servicios que se brindan desde plataformas digitales. Claro está que el gran problema en este caso, radica en determinar la ubicación exacta del prestador, si se le brinda algún servicio en concreto y finalmente, cómo hallar al responsable y hacer que abone el servicio prestado. De hecho, abundan las discusiones desde años sobre casos típicos en la materia, que van desde Netflix a Uber y Rappi. En este sentido, la Municipalidad de Escobar ha decidido regular estos servicios que se desplazan por el ámbito urbano, regulando el modo de ejecución por ejemplo de la entrega de productos y estableciendo una tasa a pagar sobre cada requerimiento. Habrá de verse eventualmente la suerte que correrá en el ámbito judicial, ya que probablemente, más por el precedente que por el importe, es previsible que las empresas discutan esas imposiciones.

También se observa una multiplicación de tasas, que sobre la base de procurar sustentabilidad medio ambiental o mejora de la ecología, se han ido extendiendo ya no sólo sobre emprendimientos industriales, sino también sobre desarrollos urbanos e inmobiliarios. También se observa en ámbitos donde se desarrollan actividades de producción eólica o solar, el intento de alcanzarlas impositivamente; y finalmente, en una de las ocurrencias más difundidas, de un Municipio cordobés, percibir una tasa por disponer de una pileta de natación. Y en este sentido cabe mencionar, que es loable el intento de evitar el dispendio de un bien escaso como el agua, máxime en momentos de sequía; más para ello el esquema usual es graduar el precio del bien provisto, no cobrar una tasa por la existencia del espacio donde el mismo se acumula (por cuanto de hecho, usualmente ello ya se abonó con la inspección de la obra).

La continuidad de la crisis del Covid19 durante este nuevo año, tal como se avizora, también permite suponer que en aquellos casos en que se establecieron tasas extraordinarias, gravando algunas actividades como la agropecuaria (Gral. Lavalle, Castelli, en Provincia de Buenos Aires entre otras), o actividades bancarias (zonas del oeste del Conourbano Bonaerense); puedan llegarse a reiterar en este nuevo período.

Expresado esto, tampoco puedo dejar de mencionar, que algunas comunas han seguido un derrotero distinto, simplificando el número de tasas municipales y con un sano criterio determinado que la recaudación que se obtiene por ellas es demasiado irrelevante, como para complicar el panorama tributario aún más, sin una ventaja evidente (Municipalidad de Capitán Sarmiento). Por otra parte, también cabe reconocer que muchos gobiernos locales en el período 2020 han sacrificado tributos locales para favorecer a comerciantes y empresarios seriamente afectados por la crisis. Pero debo advertir que aún allí se han seguido criterios erráticos, al no beneficiar por ejemplo a grandes superficies, como centros comerciales que permanecieron cerrados durante toda la pandemia, y cuyos locales son alquilados por comerciantes de todos los niveles económicos que han debido igualmente afrontar pagos, en esas condiciones del sector, prohibitivos.

Como puede verse en esta apretada síntesis que desarrollo en estas líneas, es de esperar que el 2021 lejos de suponer un año de caída en el número y valor de las tasas municipales, se dirija hacia una alza. Con el agravante de que algunas de las nuevas contribuciones, de ser sometidas a contienda judicial, no superen el test de constitucionalidad, comprometiendo gestiones futuras que deberán reintegrar la recaudado en demasía. 

Pero el dato más grave es la persistente ausencia de un compromiso serio de las 24 jurisdicciones del País por establecer un régimen de coparticipación federal acorde, tal como ordena desde 1994 la Cláusula Sexta Transitoria de la Constitución Nacional. Y esta situación hace imperar una lógica de sálvese quién pueda. Ello aunado a una costumbre administrativa, más o menos generalizada - siempre hay excepciones - a no ceñirse a una responsabilidad fiscal en la erogación, determina que las cuentas se equilibren mediante el incremento de la presión tributaria. Pero ésta, como demuestra las leyes de la economía, tiene un límite. La actividad productiva debe estimularse y lejos están de brindar esas condiciones, una competencia entre gobiernos por recursos escasos. La cooperación, el entendimiento, la necesidad de acuerdos, es la lógica en la que debe trabajarse para lograr que el contexto mejore para todos y ello es imposible sin que el sector productivo, en un circuito virtuoso, logre despegar de la situación deprimida en la que se halla.

* Abogado, Escribano (Universidad Nacional de La Plata), Maestría (University of Miami), Doctor en Derecho (Universidad de Buenos Aires). Profesor Universitario (UBA, ECAE, Escuela AGG Provincia de Buenos Aires). Ex concejal de Junin (1993-1997).

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